Las excentricidades han hecho famoso al polémico influencer Yeferson Cossio, quien justamente a través de sus redes sociales no para de facturar cientos de millones de pesos, como él mismo reconoce, pero esos gigantescos ingresos, a los que las autoridades tributarias y judiciales ya le tiene puesto el ojo.
El asunto es simple, los investigadores indagan el origen de su fortuna y si los ingresos que obtiene a través de las plataformas tecnológicas, están debidamente justificados.
Sin embargo, el mismo influencer, quien públicamente reconoce esos gigantescos ingresos, por ejemplo, en el momento en el que decidió ponerse un implante de senos, que generó gran polémica, y tráfico en sus redes, alcanzó a facturar más de un 1,2 millones de dólares.
Incluso, el año pasado reconoció que había pagado más de tres mil millones de pesos en impuestos. “Yo el año pasado pagué 600 millones de pesos y este voy a pagar tres mil millones. Si yo soy solo uno de los millones de colombianos que pagan impuestos, imagínense cuánta plata reúnen cada año”, indicó.
Pues bien, ahora son las autoridades las que buscan saber de dónde viene la fortuna de Yeferson Cossio y si está justificada. Vale la pena recordar que desde hace dos años la Superintendencia de Sociedades anunció un proceso de intervención contra Cossio y otro influencer conocido como La Liendra.
En la Superintendencia
El 13 de septiembre de 2021, la Superintendencia de Sociedades anunció, mediante un comunicado, la apertura de un proceso de intervención, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Real Business S.A.S. y de María Camila Morales Gaviria y Andryun Ríos Góez, personas naturales responsables de la operación, por hechos relacionados con una presunta captación masiva de dinero.
En la misma decisión, la Superintendencia ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de recaudo no autorizado de dinero del público, el cual, en este caso, ya había involucrado a 4.743 personas. La Sociedad recibía -según las quejas- desde cien mil pesos hasta 50 millones de pesos, con la promesa de multiplicar el capital rápidamente, a través de rentabilidades fijas de entre el 3 y el 9 % en tan solo doce meses, más el retorno del dinero puesto.
En la resolución, la Superintendencia pidió a estas personas la devolución inmediata de los recursos captados, pues hasta la fecha se tiene comprobado que están obligados con por lo menos 3.236 personas por una cifra de 9.877.678.180 de pesos. Así mismo, la sociedad Real Business S. A. S., representada legalmente por Morales Gaviria, se encuentra obligada con por lo menos 1.507 personas, en cuantía de 2.025.950.000 pesos.
La orden también impide que cualquiera de los sujetos de la medida pueda realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas. Con la decisión en firme, en enero de este año, el director de control ejecutivo ilegal de la actividad financiera de la Superintendencia le solicitó a la Fiscalía General adelantar una investigación penal en contra de los directivos de Real Bussiness S. A. S.
En el mensaje enviado, el funcionario hacía especial énfasis en que toda la información anexada tuviera el rótulo de “reservado” y que terceros no pudieran tener ningún tipo de acceso a la misma. Once meses después, todo parece indicar que el delegado del ente investigador que tuvo conocimiento del caso no cumplió lo que se le había pedido, puesto que no reveló ningún tipo de avance sobre las inspecciones.
Todo habría quedado así de no ser por el hecho que el cruce de mensajes es parte de los correos que fueron hackeados recientemente por GuacamayaLeaks, en el que es considerado el acceso a información privilegiada y restringida más grande a la Fiscalía General. El ataque, ejecutado por estos ciberactivistas, recopiló tres teras de información del ente desde 2019 hasta octubre de 2022.
Igualmente, cuentan con información de los correos que envió el delegado del ente investigador sobre los avances de las pesquisas por los delitos de captación masiva de dinero y estafa. En medio de la recolección de pruebas se señala que la empresa tenía un gran impacto en redes sociales para convencer a las personas que invirtieran en la Sociedad con la promesa que en poco tiempo iban a triplicar sus ingresos.
Para esto, contactaron a dos reconocidos influencers, Yéferson Cosssio y La Liendra, quienes publicaron mensajes alusivos a la empresa, dando información para quienes estuvieran interesados los contactaran. El fiscal del caso cuenta con los registros de estas publicaciones. Igualmente, se busca establecer la forma en cómo se contactó a los dos influencer, los acuerdos de pago y el monto de la publicidad.
Igualmente, se tiene hechas en diferentes redes sociales de Camila Morales, quien tenía cerca de 790.000 seguidores para septiembre de 2021, cuando estalló el escándalo. Igualmente, tienen en su poder -según revelaron los cruces de correos interceptados por Guacamaya- varios mensajes de WhatsApp y Telegram en los que explicaba los beneficios que otorgaba la empresa, indicando que multiplicaban en tiempo récord la inversión.
Como si fuera poco, publicaba en sus historias pantallazos aludiendo al gran número de inversionistas que habían llegado, agradeciendo la confianza que habían depositado en ellos y explicando las tasas de interés.
El tema de los influencers ha sido motivo de debate en las Superintendencias, que han manifestado los grandes vacíos y evasiones que se presentan cuando se utilizan para hacer promociones o publicidad.
